Conversaciones con Neto Rivas

ÉTICA, MI VECINA

Ernesto Rivas Gallont



Espero que el Tribunal no se limite a la pequeña corrupción, que también hay que eliminar, pero que tenga la suficiencia moral para arremeter contra la gran corrupción en el gobierno, que es donde está el hipocentro del problema, sobre el que, hasta ahora, poco o nada se ha hecho.


El Tribunal de Ética Gubernamental se ha instalado en una casa contiguo a la mía en mi Colonia. Y eso me ha alegrado mucho, porque seguramente serán buenos vecinos.

Y como buen vecino que me considero, estuve a saludar el otro día a la presidenta del Tribunal, la Lic. Lizette Kuri de Mendoza, de quien había tenido referencias favorables que pude confirmar al conocerla.

La Lic. Mendoza es abogada y administradora de empresas, con una carrera destacada en su campo legal. Su cargo más importante ha sido como presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) que concluyó en 2005.

Los diputados votaron la ley de la nueva institución en abril de 2006, pero no fue hasta septiembre de ese año que nombraron a la Lic. Mendoza en el cargo de presidenta y el juramento suyo y los otros miembros del Tribunal tuvo lugar en noviembre.

El Tribunal está integrado por ella y cuatro magistrados, que son cargos a tiempo completo, que representan a: la Corte de Cuentas, a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público y al presidente de la República. Ellos son, respectivamente, la Lic. Auritela Pérez de Callejas; Dr. José Mario Costa Calderón; Ing. Jorge Ernesto Viale y Lic. Patricia Díaz de Morán. La presidenta representa a la Asamblea Legislativa.

El Tribunal ha comenzado su trabajo, aunque todavía está en proceso de equiparse de personal y equipo. Está por completar su planilla de 30 personas y gracias a un donativo de USAID ha integrado una red electrónica. La organización de asistencia norteamericana ha sido generosa desde antes y fue instrumental en promover la creación de la institución, habiendo trabajado en la gestión y desarrollo de la idea desde principios del gobierno de Paco Flores. USAID también lo asiste técnicamente en la actualidad.

Por supuesto, como era de esperarse, el presupuesto de funcionamiento del Tribunal es exiguo. Este año, para arrancar, a penas tienen $100,000 (más las planillas) pero de allí tienen que echar mano para todo, incluyendo los gastos de su organización inicial y si no fuera por la generosidad de donantes foráneos, no les alcanzaría.

Me cuenta la Lic. Mendoza que al estar funcionando óptimamente, tendrá entre 75 y 80 Comisiones de Ética, que crea el Art. 14 de su ley constitutiva, en todo el aparato estatal, incluyendo los tres Órganos del Estado, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte de Cuentas, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, todas las instituciones autónomas o descentralizadas y una, a la que la licenciada le atribuye gran importancia, la Comisión de Ética municipal, con sede en COMURES.

Estas Comisiones están integradas por seis miembros, tres propietarios y tres suplentes, representantes uno del Tribunal, uno de la autoridad correspondiente, y el tercero de los funcionarios y empleados. Sus funciones son las mismas que el Tribunal a nivel específico. Algunas de estas Comisiones ya están recibiendo preparación, tanto en la ley, como en su aplicación en sus respectivas jurisdicciones.

Hablamos amplia y detalladamente con doña Lizette sobre la nueva ley, pero, principalmente sobre la importancia de la gestión. Esto implica que ella, como conductora de la aplicación estricta del propósito de la gestión, tiene que ser un crisol de trayectoria comprobada en su carrera. Las referencias que tuve de ella antes de irla a saludar, son todas positivas, a grado que alguien la calificó como “cuadrada”, por su estricto apego a los principios éticos de conducta de un funcionario.

Pude comprobar esa “cuadratura” --que yo aplaudo-- durante nuestra conversación, pues comenzamos nuestra plática sobre la corrupción –que ella comparte conmigo, está profundamente arraigada en nuestras costumbres—se inicia en pequeños grandes detalles, que los funcionarios toman como un hecho y no se les cruza por la mente que son inapropiados, como usar el carro oficial para ir a dejar a los niños al colegio o a la esposa al salón de belleza, recibir regalos navideños o para su cumpleaños, matrimonio, etc.; la desaparición de la placa Nacional y otras pequeñas fracturas morales, antes de entrar al fondo, la gran corrupción.

Platicamos del largo y difícil camino que tiene por delante, pero ella se siente optimista que habrá avances. Concuerdo con ello, porque solamente el hecho de crear 80 Comisiones en todo el país generará concientización que el problema es una realidad seria y profunda y que hoy, con el advenimiento de la nueva institución, hay mecanismos legales para combatirla y sancionar a los culpables.

Sin embargo, existe un problema importante; el Tribunal no puede actuar de oficio y tiene que esperar una denuncia específica, como lo vimos la semana pasada en el caso del ministro de Salud Pública. Esto, evidentemente, es un obstáculo en el camino que sería eliminado si la ley es reformada para darle la facultad que la actual no le atribuye.

Espero que el Tribunal no se limite a la pequeña corrupción, que también hay que eliminar, pero que tenga la suficiencia moral para arremeter contra la gran corrupción en el gobierno, que es donde está el hipocentro del problema, sobre el que, hasta ahora, poco o nada se ha hecho.

Tratamos también sobre otros temas importantes con la presidenta, siempre alrededor del eje central, como la necesidad de estimular la presencia local de organizaciones como Transparencia Internacional. La mera participación de una organización de tal prestigio sería un apoyo sustancial al fin que el Tribunal persigue.

Transparencia Internacional está presente en muchos países por el mundo entero, incluyendo en varios centroamericanos. Donde quiera, Transparencia busca para apoyo local a personas de prestigio en cada país, como lo hizo en Honduras, donde el Cardenal Rodríguez fue el primer presidente del Capítulo hondureño y fungió como tal durante varios años.

USAID también puede tener un papel importante en ese contexto, desde su división de Transparencia y Gobernabilidad, que es de donde surgió el apoyo a la idea original y ahora el apoyo en la logística de la aplicación del propósito de la nueva institución.

Existen también otros organismos, como Probidad, que, aunque bien intencionados, son vistos, equivocadamente, con recelo por nuestras autoridades, talvez por aquella aberración que ha existido desde siempre, de tildar a cualquier persona o institución que denuncie la corrupción oficial, es vista ipso facto como “enemigo del gobierno”. Muchas han sido efímeras y otras, como Probidad, han subsistido gracias al apoyo de la red internacional de organizaciones afines.

La Ley de Ética Gubernamental, que es el origen del Tribunal, es generosa en su proyección. Su primer artículo describe el objeto de la ley como: “normar y promover el desempeño ético en la función pública, salvaguardar el patrimonio del Estado, prevenir, detectar y sancionar la corrupción de los servidores públicos, que utilicen los cargos a empleos para enriquecerserse ilícitamente o cometer actos de corrupción” y su campo de aplicación, como ya dije, es el gobierno entero, incluyendo las municipalidades.

Son catorce los principios de ética pública que la ley exige que cumpla el funcionario público: supremacía del interés público, probidad, no discriminación, imparcialidad, justicia, transparencia, confidencialidad, responsabilidad, disciplina, legalidad., lealtad, decoro, eficiencia y eficacia y rendición de cuentas.

Es importante que el concepto de la ética sea difundido insistente y profundamente por el Tribunal. Además de su función práctica, esta es talvez la más importante. Porque nuestra sociedad, incluyendo a la sociedad política, no entiende el concepto en toda su amplitud.

El moralista de la ética Max Weber, considerado como uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología, concibió el problema de la relación entre la ética y la política recurriendo a la distinción entre la ética de la convicción y la ética de las consecuencias. Si actuamos de acuerdo con la primera, nos guiamos por máximas, si dirigimos nuestra conducta de acuerdo con la segunda, tenemos que examinar cuáles son los efectos de nuestra acción.

El examen de nuestra acción es un propósito intrínseco de la nueva ley y del Tribunal encargado de su aplicación. Espero que la Lic. Kuri de Mendoza, sus compañeros en el Tribunal (que debería comenzar por desprenderse de su dependencia política), las Comisiones en todo el país y sus colaboradores, incluyendo a la Corte de Cuentas, estén todos en la misma sintonía, dedicados a los principios éticos, al centro de su razón de ser, y dispuestos a cumplirlos y hacerlos cumplir plenamente.

De ser así, el Tribunal y su presidenta habrán cumplido con su misión.

Hasta mañana, si Dios quiere

San Salvador, marzo 11, 2007